Políticas del gobierno de centroizquierda de Portugal podrían sacudir el presupuesto

Después de rechazar la coalición de gobierno de centroderecha de Pedro Passos Coelho, el Partido Socialista en la oposición firmó formalmente los acuerdos con el Bloque de Izquierda (BE), el Partido Comunista Portugués (PCP) y el Partido Ecologista Verde (PEV) -los dos últimos fueron parte de la Coalición Democrática Unitaria (CDU) en la campaña de elecciones- para allanar el camino para un gobierno de centroizquierda. Cavaco Silva debe decidir ahora si acepta tal solución designando a Costas como el próximo primer ministro de Portugal.

El acuerdo que sustenta la alianza, que podría convertirse en la base de un programa de gobierno y presupuesto liderado por el PS, está basado en más de 70 cambios a la plataforma electoral y podría tener un sustancial impacto en el presupuesto. En general, el costo de las nuevas medidas se ha estimado por los medios locales en cerca de 1.000 millones de euros sólo en 2016, que probablemente incrementarán el déficit público.

Fin de la austeridad

Los principales objetivos del Partido Socialista y los grupos de izquierda es “pasar la página en la austeridad”, que consideran profundamente perjudicial para la economía, a través de la promoción de la justicia social y la formación de capital humano.

Es poco probable que un gobierno de izquierda adopte una postura abiertamente confrontacional con las instituciones europeas sobre cuestiones fiscales o económicas, sin embargo. Como Costa ha asegurado, el acuerdo no incluye ninguna intención de dejar de lado las reglas fiscales de la UE, la reestructuración de la deuda o abandonar el euro.

Aún así, un gobierno liderado por el PS operaría en un estrecho margen fiscal. Incluso antes de los cambios acordados con BE, PCP y PEV, la plataforma electoral anticipa un déficit fiscal de 3% del PIB en 2016, frente al 2,8% en un escenario de mantenimiento de la política y con el objetivo de 1,8% del gobierno saliente. No consideramos que el objetivo del anterior gobierno fuera realista y seguimos pronosticando un déficit de 2,9% del PIB en 2016.

Sin embargo, la proyección del déficit de PS también está basada en un fuerte crecimiento del PIB real, de 2,4% en 2016, 0,6 puntos porcentuales de los cuales el PS proyecta desbloquear con sus reformas.

Alivio impositivo

Los impuestos y el apoyo a las familias son áreas importantes de la intervención del PS y los partidos de izquierda. Su acuerdo incluye provisiones para incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta personal añadiendo más tramos (hasta ahora no hay más detalles), revisar los impuestos a la propiedad y detener las ejecuciones hipotecarias y embargos preventivos sobre viviendas familiares donde la deuda hipotecaria pendiente es menor que el valor de la propiedad. Sin embargo, el cambio en el impuesto a la renta solo afectará a una fracción de la población. Alrededor de 4 millones de hogares en un país de 10,5 millones de personas ya están exentos de pago del impuesto a la renta debido a los bajos ingresos o rentas de pensiones.

En cuanto a las empresas, el acuerdo propone una extensión del impuesto de sociedades (el impuesto a la renta es actualmente 21%), los incentivos a pequeñas y medianas empresas, la restauración de la tasa del impuesto al valor agregado para los restaurantes a 13%, desde 23%, y un plan de incentivos especial para firmas en regiones menos desarrolladas y de frontera. Esto podría proporcionar algún alivio a las pequeñas empresas, que representan una proporción relativamente grande, así como para la industria del turismo.

Mercado laboral

El PS y los partidos de izquierda han decidido también nuevas medidas para combatir la precariedad, incluyendo la represión del uso de “falsos” trabajadores independientes en lugar de empleados a su cargo, así como el mal uso de pasantías y trabajo temporal donde lo apropiado serían contratos indefinidos. Medidas adicionales para combatir la evasión de impuestos y la contribución social son también una prioridad.

El acuerdo propone además de aumentar el salario mínimo a 600 euros al mes en 2019, lo que se espera que tenga un efecto negativo en la creación de empleo y no tiene el apoyo de las organizaciones de empleadores. También prevé una revalorización de todas las pensiones actualmente valoradas en 628 euros al mes y más adelante, a un costo estimado de  426 millones de euros en dos años, 33 millones de euros más que las pensiones propuestas en la plataforma electoral del PS.

Por último, el acuerdo prevé una reducción temporal de las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores (el impuesto social único, TSU, que grava a una tasa de 11% del salario bruto de los empleados y el 23,75% para los empleadores) para los que ganan hasta 600 euros al mes. Se espera que esto conduzca a un déficit de 436 millones de euros para el sistema de seguridad social en 2019, pero se ubica lejos de las propuestas del programa electoral del PS, que habría reducido la TSU para todos los trabajadores antes de elevarla gradualmente de nuevo.

Los funcionarios públicos también podrían beneficiarse de las propuestas de los partidos de izquierda. El acuerdo se compromete a revertir gradualmente la era de los recortes salariales públicos dentro de los doce meses, un año antes de lo previsto en las propuestas electorales del PS. La medida costaría alrededor de 1.000 millones de euros en tres años. El acuerdo también aspira a restablecer una semana laboral de 35 horas para los empleados del sector público.

Además, también proponen impulsar la contratación en el sector público, especialmente en salud y educación, para mantener la estabilidad y la calidad en los servicios prestados por el Estado. Su disposición también prevé una reducción de los copagos en el servicio nacional de salud.

Firmeza ante privatización

El acuerdo de Costa se encuentra en claro conflicto con las políticas del gobierno anterior en el área de la privatización. El PS y los partidos de izquierda rechazan cualquier privatización adicional, incluyendo los servicios de agua, y sugieren que algunos procesos de concesión y privatización en curso, como los relativos a las empresas de transporte público de Lisboa y Oporto, podrían revertirse. Costa también ha sugerido que podría tratar de recuperar una participación mayoritaria en la ya privatizada compañía aérea nacional TAP.

Condiciones del presidente

Una complicación potencial para el acuerdo de centroizquierda es que el presidente podría exigir garantías más fuertes de la estabilidad política y financiera antes de decidir si se debe nombrar a Costa como primer ministro. Éstas podrían tomar la forma de una moción de censura obligatoria cuando el programa de gobierno PS se discute en el Parlamento; una garantía del BE, PCP y PEV que permitirán la aprobación del presupuesto 2016 y los programas nacionales de estabilidad y de reforma a mediados de 2016; o un acuerdo conjunto explícito entre las partes sobre las futuras propuestas legislativas.

Aunque los detalles siguen siendo escasos, parece probable que el PS y sus aliados tengan que priorizar algunas medidas sobre otras -o encontrar nuevas fuentes de ingresos- para mantener el déficit dentro del límite de 3% encargado por el “convenio fiscal” de la UE. Una postura firme de Cavaco Silva podría ser políticamente problemático. El BE, el PCP y el PEV perderían credibilidad si respaldan el acuerdo ahora, pero el PS también se vería presionado para extender los términos más allá del acuerdo. El acuerdo inicial de Costa con el BE ya tuvo que ser revisado para dar cabida a algunas de las condiciones del PCP, lo que sugiere que el equilibrio político que apoya la alianza de centroizquierda podría ser frágil.E